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La avalancha de denuncias y querellas que los juzgados han venido recibiendo al hilo de la gestión de la pandemia de coronavirus por parte de las administraciones públicas ha traspasado ya las fronteras y ha llegado ante la Corte Penal Internacional, donde se ha registrado una denuncia por un delito de lesa humanidad contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de parte de la Asociación Española de Afectados y Víctimas del Covid-19.

La iniciativa ha sido recibida, tal y como ha notificado la Fiscalía de este tribunal especial con sede en La Haya tanto a la propia asociación como a la Fiscalía General del Estado, de acuerdo a la documentación a la que tuvo acceso ABC. Ahora, se abre una fase en la que se estudia si procede abrir una investigación, como ya ocurriese con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, denunciado por los mismos delitos en relación a la gestión del coronavirus.

En su denuncia, la asociación repasa cronológicamente las decisiones adoptadas por el Gobierno de España centrando la responsabilidad en su presidente, desde que en enero saltó el virus al continente europeo y hasta que se decretó el estado de alarma el 14 de marzo para evidenciar lo que a su juicio fueron una cadena de negligencias con responsabilidad penal para Pedro Sánchez.

«Durante todo ese tiempo, un tiempo que podría haber evitado miles de muertes, el propio Gobierno permitió que todos los vuelos internacionales entraran y salieran del territorio español, incluidos los que vinieron de China, Italia y otros países del mundo, donde ya se conocía la gravedad de la pandemia», argumenta la denuncia.

«Propósito de minimizar»

Según expone, Sánchez y el resto del Ejecutivo, no solo no tomaron las medidas adecuadas cuando era necesario, sino que tuvieron «el propósito de minimizar la gravedad de COVID-19 y alentar actividades que solo podrían resultar en la propagación rápida e incontrolada de este virus mortal».

«Al hacerlo, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, como jefe del Gobierno, ha violado por sus actos y sus omisiones el Artículo 7 del Estatuto de Roma», dice la denuncia, que califica los hechos como un crimen de contra la Humanidad que habría tenido como consecuencia, de acuerdo a las proyecciones de la OMS un número de víctimas que «podría llegar a 50.000 si se contaran correctamente» las defunciones atribuibles al coronavirus.

Expone que «la peor negligencia tuvo lugar el 8 de marzo de 2020, donde es el propio gobierno el que permite y alienta una manifestación para el Día de la Mujer Trabajadora, a la que asisten, solo en la ciudad de Madrid, (la ciudad con el mayor número de infecciones en España) por 120.000 personas», afirmación que apuntala con un informe de la Guardia Civil que obra en la causa que investiga el 8M y su conclusión de que se permitió a sabiendas del riesgo que entrañaba.

La situación en las residencias

Aborda asimismo la situación del personal sanitario, de las residencias de ancianos y la expansión del virus una vez declarada la alarma, para denunciar que a fecha 5 de abril, «España ya era el país con más muertes por millón de habitantes, superando a Italia» y «es uno de los países del mundo con más personal médico contagiado de coronavirus como consecuencia de no disponer de los materiales de protección necesarios para no infectarse».

«Ni siquiera había personal de salud disponible para ayudar a los residentes de geriátricos. Sus cuerpos fueron incinerados también sin la presencia de familiares, y hasta la fecha, muchas familias ni siquiera tienen los restos de sus seres queridos. El ejército español finalmente fue enviado a las residencias de todo el país para ayudar e inspeccionar y en muchos casos encontraron a personas mayores compartiendo habitaciones con cadáveres», afirma la asociación ante la Fiscalía del Tribunal de La Haya.

Muertes evitables

Apunta que si bien «no se discute que el COVID-19 tiene una tasa de mortalidad del 2 al 4% en general» y puede llegar a superar el 14 por ciento en la población de 70 años o más, «la mala gestión, la deficiencia en una rápida toma de decisiones por parte del presidente y especialmente la falta de medios, han causado más muertes en España» de las que habrían ocurrido si las decisiones de Sánchez «hubieran sido correctas».

De hecho, incide en que habida cuenta de los datos que llegaban de China, de los avisos de la OMS e incluso de la cancelación del World Mobile Congress que estaba previsto en febrero en Barcelona, «si el presidente hubiese declarado el estado de alarma al final de ese mes y no en marzo, más del 70% de las infecciones y muertes se podrían haber evitado».

«La demora del gobierno, del presidente de España, Pedro Sánchez Pérez-Castejón, su demora en la actuación, incluso al estar al tanto de toda la información de la OMS, al ver la cantidad de infecciones en la vecina Italia, ha provocado decenas de miles de muertes, lo que no habría ocurrido habiendo actuado diligentemente», señala la denuncia.

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