Imma Miralles – Fundación FRESS

Cada día contamos con más información, testimonios, opiniones, que prueban, que el modelo de residencias existente, no era el adecuado para las necesidades del colectivo que atienden.  El impacto del COVID, solo ha sido un detonante, para destapar las graves carencias de dicho modelo. Ha quedado evidenciado que no se cumplían los estándares de calidad mínimos, ni la coordinación necesaria con la administración sanitaria, en unos centros con usuarios pluripatológicos, ni tampoco unas condiciones óptimas respecto a ratios, salarios y cualificación de los recursos humanos. Tampoco, por mucho que se asegurara, que la atención estaba centrada en la persona, no se contaba con la participación de todos los actores implicados, usuarios y familias y las comunidades, donde supuestamente debían estar integrados estos servicios.

Todos los agentes responsables de estos centros, tanto las administraciones que conciertan plazas públicas, como los proveedores privados de estos servicios que las gestionan, incluso otros proveedores de servicios secundarios a estos, hostelería y restauración, limpieza, formación, etc… intentan maquillar el desastre. Aluden que no son centros sanitarios, que Sanidad no respondía a sus demandas de apoyo, que no se ha hecho todavía un análisis más allá del virus. Las demandas a dichos centros crecen, desde la propia fiscalía, desde las organizaciones que representan a las familias, incluso desde algunos representantes de los trabajadores que han sido las otras víctimas de esta situación.

Es por todo ello que se requiere un nuevo modelo de residencias. Todo el sector habla de él, pero ¿Qué debe incluir dicho modelo? Se debe contar con una participación efectiva de todos los agentes: usuarios y familias, trabajadores, comunidad de referencia, ayuntamientos y organizaciones integradas en el entorno. Son necesarios unos recursos humanos en mejores condiciones de ratios, de salarios y con cualificación suficiente; una coordinación con la administración pública efectiva a través de un control de los estándares de calidad fijados conjuntamente; un dialogo entre lo público y lo privado que no se base en el coste por plaza y una coordinación sociosanitaria estable, especialmente con la atención primaria de referencia.

Un primer paso ante posibles rebrotes requiere, sobre todo, unos estándares y protocolos bien definidos, pero flexibles, para que puedan enfrentar cualquier situación de emergencia de manera precoz. Se tiene que contar con perfiles de aislamiento y de espacios preparados para su adaptación a necesidades sobrevenidas, con un buen aprovisionamiento de material de protección. Es necesario un personal formado en situaciones de emergencia, con simulacros realizados efectivamente. Y sobre todo asegurar un ambiente seguro a nivel de limpieza y desinfección, que transmita esa seguridad a todos los implicados: usuarios y familias, trabajadores y comunidad de referencia.

Un segundo paso supone plantear un nuevo modelo de residencia que pueda ser consensuado por todas las comunidades autónomas, que tienen las competencias en esta materia. Dichas administraciones deberán establecer una coordinación sociosanitaria estable, unos nuevos estándares de calidad mínimos y un sistema más eficiente de inspección para su cumplimiento.

Un modelo con un diseño arquitectónico y ambiental que favorezca la seguridad de los usuarios, familias y trabajadores, que sea fácil de sectorizar por zonas, incluso de aislamiento. Que realmente permita la vivencia de los usuarios y familias de que es su hogar además de asegurar la atención sanitaria y social, donde se pueda sectorizar en espacio público y privado, que facilite el trabajo del personal de atención directa. Donde se tenga realmente en cuenta la aportación de otros profesionales de servicios generales como hostelería y restauración, limpieza, gestión de residuos, seguridad, así como proveedores de productos sanitarios, farmacia y ortopedia, tecnología para la monitorización y gestión de casos, mobiliario, etc…..

Para ello es necesario un análisis en profundidad donde participen todos los agentes implicados, pero especialmente los más afectados por el COVID. Dicho análisis permitirá conocer los fallos que se han dado en mayor proporción durante la gestión de la crisis, respecto a protocolos y procedimientos, recursos humanos y materiales. Y especialmente la deficiente comunicación y coordinación con el entorno: administración pública social y sanitaria, comunidad de referencia e incluso con los representantes empresariales y sindicales.

Dicho modelo tendrá un coste y puede que no sea rentable para algunos de los proveedores, que ahora mismo están gestionando dichos servicios.  Pero las administraciones públicas están obligadas a asegurar a los ciudadanos al acceso a un modelo de atención sanitaria y social eficiente, que responda a las necesidades reales del colectivo y trasmita de nuevo seguridad y confianza.

Desde AEDACC, estamos decididos, dentro de este marco, en colaboración con la Fundación FRESS, a desarrollar un estudio, con profesionales de todos los ámbitos implicados. Y de una manera interdisciplinar identificar las deficiencias, proponer las áreas de mejora necesarias y dibujar un escenario desde donde diseñar un modelo realista, funcional y efectivo lo más universal posible.

Imma Miralles

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